En abril del 2009, en medio del fragor del debate público sobre ¿Qué hacer en Puebla?, coincidí con Javier López Zavala en el imperativo de un Nuevo Pacto Social para Puebla. Esta convergencia de propósitos adquiere relevancia en el contexto de la adhesión que Blanca Alcalá, Jesús Morales Flores, Víctor Hugo Islas, Jorge Estefan Chidiac y Óscar Aguilar asumimos en favor de la precandidatura única.

En política, los acuerdos y la distribución incluyente del poder son fundamentales, pero lo es aún más la coincidencia en el proyecto. Sin proyecto, la política se convierte sólo en acomodo de intereses. Lo que a fin de cuentas es insuficiente para lo que la sociedad espera de nosotros.

¿En dónde estamos? Definitivamente en una crisis que se ha prolongado y que es económica, social, política, de seguridad y moral. Es una crisis compleja porque tiene factores externos e internos, como la lamentable incapacidad del gobierno federal para una respuesta articulada y eficaz. No es producto sólo del desempeño de las partes que componen el sistema, está enraizada en la estructura del mismo. Es sistémica porque lo económico hace estragos en lo social, que a su vez lo hace en lo moral y, de manera subsecuente, en la pérdida del Estado de derecho; hasta la convivencia política y el deterioro de las instituciones, al grado que se habla ya de que el Estado mexicano es fallido.

¿Por qué el pacto social como instrumento de unidad y de acción colectiva para el bienestar, la democracia y la justicia? Asumimos el Pacto Social como el acuerdo entre los ciudadanos integrantes de un Estado para dar sentido, cauce, organización, viabilidad y justificación ética y política a la organización de la sociedad.

El pacto social está plasmado en la Constitución, en las leyes secundarias y en los actos administrativos que interpretan los compromisos de los gobernantes con el pueblo al ser electos. Pero el Pacto social se puede desgastar, romper o disolver; sea porque el Estado no tiene la capacidad de hacer valer los derechos ciudadanos; sea porque la voluntad popular decide subvertir el orden establecido; sea por rupturas políticas irreparables; sea por crisis económicas convulsivas o por la dominación de la ilegalidad sobre el Estado de derecho, como es el caso del crimen organizado.

El pacto social entonces debe ser renovado para evitar el colapso, o sencillamente para hacer funcionales y eficaces los fines que le dan sentido. Sin duda el Estado mexicano debe renovar su contrato social, no a través de la administración de las crisis con fines electorales como lo pretende el gobierno federal, sino por medio de una profunda reforma del Estado social que está pendiente. El estado libre y soberano de Puebla no puede esperar que los cambios nacionales –cada vez más lejanos y complejos– ocurran: debemos reconstruir nuestro pacto social; debemos adelantar el reloj de nuestra historia, de que la obsesiva búsqueda del poder por el poder de las llamadas izquierdas y derechas terminen por colapsar la frágil estabilidad de la nación.